El presente artículo se direcciona al análisis e interpretación de la efectividad únicamente del sector educativo ya que los ODS permean todas las instituciones, políticas, empresas, etcétera. Hacer un juicio propio del desempeño de todas las instituciones sería una historia de nunca acabar y tendría que hablar de instituciones con la cual no estoy involucrado laboralmente.

Una administración estatal eficaz con instituciones responsables, la transparencia y el estado de derecho tienen un valor intrínseco propio. Constituyen la base de la buena gobernanza, incluidas las medidas anticorrupción, y son importantes motores del desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS.

El desempeño de República Dominicana, en la búsqueda de alcanzar los ODS, depende en gran medida de su liderazgo. El liderazgo eficaz se traduce en una formulación e implementación prudente de políticas públicas, así como en una buena prestación de servicios públicos, para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos.

Alcanzar los ODS requerirá los esfuerzos concertados del gobierno dominicano, el sector empresarial, y la sociedad. El liderazgo y la gestión innovadores serán esenciales para que las organizaciones de todos los sectores integren estos objetivos de desarrollo sostenible en planes estratégicos y actividades operativas al servicio de la realización de las aspiraciones para 2030.

En república dominicana, todo el ecosistema institucional está regido y avalado por distintas leyes, entre las más importantes están; la Ley General de Educación 66–97, el marco legal y legislación complementaria, la ley orgánica de la administración pública, la ley de estrategia nacional de desarrollo, la ley de planificación e inversión pública y finalmente la ley general de libre acceso a la información pública.

A partir de estas leyes se fundamentan el Reglamento del Docente, el Manual Operativo de Centros y las Normas de Convivencia del Sistema Educativo Dominicano.

También, a partir de estas y las distintas ordenanzas creadas en las últimas dos décadas se han introducido modificaciones a la estructura organizativa del sistema educativo dominicano y el presupuesto disponible para cada una de las modalidades y niveles de educación.

Fielmente, puedo afirmar que todo el marco normativo de la estructura organizativa es totalmente coherente con lo que se persigue ante la implementación de Agenda 2030 y sobre todo con el ODS 4. Sin embargo, su aplicación no ha sido efectiva producto de los intereses políticos y empresariales.

Además, existen otros dos problemas que atetan contra las intenciones plasmadas en papel. El primer problema es la carencia de evaluaciones efectivas y un régimen de consecuencias desde el nivel administrativo hasta la parte más baja de la cúspide la cual es integrada por los docentes y los padres. El segundo es la descentralización descontrolada del nivel administrativo y gubernamental. Es de saber para todos que muchos puestos administrativos han sido creados con el fin de practicar el clientelismo y favoritismo político, así como también han creados ministerios tales como el de la Juventud el cual realiza funciones que se supone que le pertenecen al MINERD, MESCYT y otros.

El logro del desarrollo sostenible se observa como una relación cíclica con la planificación e implementación y seguimiento de las estrategias como responsabilidades clave del sector político. Finalmente, un plan de implementación coherente con lo establecido en las leyes y el compromiso de todos los departamentos gubernamentales y las diversas partes interesadas son necesarios para garantizar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alcancen en nuestro sistema educativo dominicano.